La lucha por la autonomía territorial: el caso de la comunidad indígena La Patria

Contexto histórico y situación actual

La comunidad La Patria, ubicada en Paraguay, cuenta con un territorio de 22.520 hectáreas, adquiridas inicialmente por la Iglesia Anglicana en 1983 y tituladas a nombre de la comunidad en 1995 (Personería Jurídica Nº 1095, 13 de octubre de 1995). Actualmente, en este territorio se asientan 18 aldeas, cada una con autonomía social y política, donde habitan 649 familias, sumando más de 2.300 personas.

Conflictos históricos y vulnerabilidad

Desde sus inicios, la comunidad enfrentó situaciones de explotación debido a la escasa presencia del Estado paraguayo. Los llamados macateros —paraguayos no indígenas— mantenían contacto permanente con las aldeas, aprovechándose de su indefensión para adquirir a precios irrisorios recursos como postes de quebracho, miel y rollos de madera. Con el tiempo, algunos de estos actores, con apoyo de líderes locales, se asentaron ilegalmente en el territorio, agravando la vulnerabilidad de la comunidad.

Intentos fallidos de justicia estatal

En 2012, los líderes de la comunidad Angaite iniciaron acciones judiciales para recuperar su autonomía territorial, denunciando la invasión de paraguayos no indígenas (latinos) en La Patria. Sin embargo, la Fiscalía de Pozo Colorado no actuó frente a la denuncia presentada en septiembre de ese año.

Para 2017, el número de familias no indígenas había aumentado, generando conflictos con el modo de vida comunitario. Los líderes reiteraron la denuncia (Causa Nº 228/17, por invasión de inmueble ajeno y delitos ambientales), pero, como señaló la Relatora Especial de la ONU para Pueblos Indígenas en 2015, persisten el racismo y la desprotección institucional en el sistema judicial paraguayo. A pesar de un dictamen favorable de la Fiscalía de Derechos Étnicos que ordenaba la expulsión de los invasores, el proceso se estancó.

Un avance: la justicia intercultural

En 2016, la Corte Suprema de Justicia implementó el Protocolo de Actuación para una Justicia Intercultural, un mecanismo para armonizar la justicia consuetudinaria indígena con la legalidad estatal. Basándose en este instrumento, en julio de 2020 los líderes de La Patria llevaron su reclamo al Juez de Paz de Puerto Pinazco. Tras un largo proceso de diálogo, el 23 de octubre de 2022 se realizó una asamblea comunitaria con la presencia del juez Rafael Martínez, donde se resolvió la expulsión de Jorgelina Fleitas y su familia para el 27 de enero de 2023.

Resultado y precedente

El 28 de enero de 2023, tras el desalojo voluntario de Fleitas, la comunidad derribó la estructura abandonada en el kilómetro 85 de la ruta Zalazar-Pinazco, cumpliendo lo acordado en la asamblea. Este caso sienta un precedente importante: la articulación entre la decisión comunitaria y la justicia estatal puede agilizar el acceso a la justicia para pueblos indígenas, evitando trabas burocráticas y garantizando el respeto a sus derechos territoriales.

Captura de imagen del registro audiovisual de la Asamblea de lideres de la comunidad La Patria, distrito de Puerto Pinasco.

Intervención de la señora Jacinta Barreto, miembro de la comunidad indígena, durante la Asamblea convocada para resolver la ocupación territorial:

"Es la primera vez que tengo la oportunidad de saludar al hermano Juez y también de conocerle. Quiero aprovechar este momento para hablar como mujer y como miembro de esta comunidad. Nosotros pedimos que se respete nuestra decisión. Ya es hora de que esta señora se retire de nuestro territorio. Le proponemos un plazo de dos o tres días para que se vaya, porque como comunidad hemos sido pacientes, y ya no queremos seguir esperando. Nuestros líderes han presentado documentos y han seguido todos los pasos ante la justicia, pero hasta ahora no hemos sido escuchados. Sentimos que la justicia ha favorecido siempre a quienes vienen de afuera, a la señora que hoy ocupa nuestras tierras. No queremos más que personas ajenas a nuestra cultura se queden a vivir aquí sin nuestro consentimiento. Este es un lugar de los pueblos indígenas. En el pasado, cuando mi esposo salía a cazar, nos sacaban de las estancias como si fuéramos animales. No nos dejaban ni recolectar alimentos para nuestros hijos. Por eso hablamos claro: no queremos que los no indígenas permanezcan aquí invadiendo lo que es nuestro. No estamos bien, sufrimos necesidades, y encima sentimos que nos están despojando dentro de nuestra propia comunidad. Esta señora nunca nos apoyó, ni compartió con nosotros. Y si dice que no tiene a dónde ir, sabemos que tiene su estancia cerca, en Carpa Blanca. Puede volver allí. Eso es lo que quería decir como mujer de esta tierra. Gracias por escucharme."

El juez de paz de Puerto Pinasco homologó la decisión de la Asamblea de Líderes de la comunidad de La Patria de desalojar a las personas no indígenas que ocupaban su territorio, basándose en el Protocolo de Justicia Intercultural. Esta fue la primera vez que dicho protocolo se aplicó en un caso de esta naturaleza, marcando un precedente en el camino hacia una justicia con verdadero enfoque intercultural en Paraguay.

Visualiza el registro audiovisual de parte de la asamblea de lideres de La Patria.